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Capítulo 7 - La importancia del software libre en la administración

La administración pública tiene una responsabilidad y unos intereses muchos más amplios que una empresa o un particular cuando adquiere tecnologías de la información. Debe tener una vocación de consumo responsable porque está operando con dinero público. El ahorro que representa el software libre es atractivo para las administraciones ya que les permite la mejor administración de sus recursos. El proyecto para educación LinEx 1 permitió a la Junta de Extremadura ahorrar 60 millones de euros en licencias de software que pudieron reinvertir en hardware y en conseguir un ordenador para cada dos alumnos. A medida que pasan los años y la sociedad de la información avanza, el gasto en tecnologías de la información será mayor y mayores serán aún los ahorros en coste de licencia que el software libre representa.

Con la popularización de Internet, las comunicaciones electrónicas entre ciudadanos y administraciones se han incrementando enormente y hoy es posible realizar trámites administrativos vía Internet. La administración debe dar un servicio universal y, por lo tanto, respetar e impulsar los estándares abiertos cuando se dirige a sus ciudadanos. No hacerlo supone favorecer a un determinado fabricante y a sus clientes, discriminando al resto de usuarios. Sería similar a si la televisión pública sólo la pudiéramos ver usando televisores de un fabricante determinado.

Un caso que hoy en día es aún frecuente son los sitios web de administraciones que sólo se pueden visualizar correctamente con Internet Explorer de Microsoft. ¿Qué sucede con los usuarios de otros navegadores? o peor aún, ¿qué sucede con los usuarios de plataformas donde no existe ese navegador - como Linux o Unix - ? El software libre, que soporta una parte importantísima de la infraestructura de Internet y ha abanderado los entándares desde sus inicios, asegura la no exclusión de otros programas o sistemas.

El gobierno también tiene la responsabilidad de garantizar la privacidad de los datos de los usuarios. Sin acceso al código fuente es imposible saber qué hace una aplicación con estos datos y cómo son tratados. El software libre ofrece una transparencia total y permite a los gobiernos hacer sus propias auditorías de seguridad sobre el software. La empresa Microsoft, consciente de esta preocupación por parte de gobiernos, lanzó la iniciativa Government Security Program2 . Gracias a ella los gobiernos, previa firma de un acuerdo que tiene una duración de tres años, pueden tener acceso a parte del código fuente de dos de las aplicaciones de Microsoft: el sistema operativo Windows y el paquete ofimático Microsoft Office. Esta iniciativa presenta varias limitaciones respecto al software libre. Sólo nos ofrece algunos productos de la compañía, debemos firmar un acuerdo, no podemos mejorarlo y no podemos distribuir las mejoras. Se trata en el fondo más de una operación de marketing que de una acción que busque añadir transparencia a la explotación de las soluciones Microsoft.

Cuando se piensa en la sociedad de la información y en acercar las nuevas tecnologías a todo el mundo, no sólo hay que pensar en los costes de las infraestructuras de comunicación y hardware, sino también en los costes del software. El precio del software propietario para un ordenador personal para poder acceder a la sociedad de la información oscila entre 400 y 800 euros3 por PC, una suma totalmente inalcanzable para las regiones más desfavorecidas del mundo y que conduce a la copia ilegal o a la fractura digital.

Por ejemplo, un ciudadano de Vietnam, donde la renta per cápita se sitúa en los 2.100 dólares al año4, debería dedicar su sueldo entero durante seis meses a poder pagar una licencia de Microsoft Office y Windows XP Professional. No es de extrañar que el índice de copias ilegales en el país sea del 97%5. Y como Vietnam, muchos países en vías de desarrollo. Microsoft para frenar la migración de los países en desarrollo a Linux, ha creado una versión del sistema Windows, llamada Starter Edition, por un precio aproximado de 36 dólares6. La versión tiene limitaciones y prestaciones recortadas: puede ejecutar un máximo de tres programas simultáneamente, no tiene opciones para redes caseras y no funciona en alta resolución gráfica.

Otro dato interesante es que en Vietnam se hablan más de 93 lenguas y una gran variedad de dialectos7. El paquete ofimático propietario más extendido, Microsoft Office, sólo se encuentra traducido a una de esas lenguas y no hay planes para adaptarlo a ninguna otra. Su principal competidor, OpenOffice.org, puede ser traducido a cualquiera de esas lenguas gracias a que se trata de software libre. Existe actualmente un proyecto del Gobierno vietnamita para traducir el paquete ofimático OpenOffice.org y usarlo en diferentes departamentos gubernamentales. El software libre es probablemente la única opción que van a tener muchos países en vías de desarrollo para sumarse a las nuevas tecnologías.

Diferentes administraciones del mundo necesitan el mismo tipo de aplicaciones informáticas que son desarrolladas una y otra vez en diferentes lugares. El software libre permite a los gobiernos locales el intercambio de software y experiencias y ofrece un marco donde pueden compartir los gastos de desarrollo de software.

La Junta de Extremadura ha firmado un acuerdo8 con la Junta de Andalucía para que ésta utilice la tecnología que generó el proyecto extremeño Linex, y otro con el gobierno de Colombia, que está desarrollando el Proyecto LinExCol9 (LinEx de Extremadura para Colombia), una distribución creada por Fundehumano con el apoyo de la Junta de Extremadura. Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona y el de Porto Alegre firmaron un acuerdo10 para intercambiar experiencias relacionadas con el software libre que están extendiendo a otras administraciones.

Iniciativas legales

China siempre ha sido reticente a subcontratar proyectos tecnológicos a las grandes multinacionales11 y ha tenido una cierta predisposición a la creación de una industria del software propia. El Gobierno chino financia desde hace varios años la distribución RedFlag de Linux12 y trabaja en un gran número de proyectos gubernamentales con empresas locales y software libre. Diferentes países, como Francia, Brasil, Argentina o Perú13 han llevado a trámite leyes para favorecer el uso del software libre en la Administración pública.

El Parlamento Europeo adoptó recientemente una resolución que insta a los países miembros a promocionar los proyectos de código abierto o software libre14. En España ha habido una única proposición de ley15, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que fue rechazada en el Congreso de los Diputados16 en septiembre de 2002. Esta misma proposición de ley fue también presentada por ERC en el Parlamento de Cataluña y rechazada el 25 de octubre de 2002. En el primer caso tuvo los votos en contra del Partido Popular, y en el caso catalán tuvo los votos en contra del Partido Popular y de Convergència i Unió.

La propuesta de ley de ERC instaba al Gobierno y a las empresas participadas por el mismo a utilizar software libre con la única excepción de los casos en donde no existieran soluciones, en los que podría utilizarse software propietario. Esta propuesta también reclamaba al Gobierno que realizara tareas de difusión y de cooperación con experiencias relacionadas con el software libre en España y en otros países.

También ha habido un gran número de mociones a favor del software libre, como la de Sant Bartomeu del Grau en Cataluña17, la presentada por el grupo socialista18 en el Parlamento navarro instando al Gobierno de Navarra a poner en marcha un plan de despliegue del uso de software libre en el ámbito de la Administración, o la presentada por Coalición Canaria19 en el Parlamento de Canarias favorable al uso del software libre. Sin embargo, la mayoría de estas mociones y propuestas no se han materializado en hechos concretos por la falta de partidas presupuestarias y de planes específicos de ejecución.

Caso Universidad de Lleida

La Universidad de Lleida20 (UDL) es la universidad pública pionera en el uso de software libre en Cataluña. Durante años ha utilizado sistemas libres con resultados excelentes. En el 2003 accedió al rectorado un nuevo equipo que tenía como uno de sus objetivos potenciar el uso del software libre y que inició un proceso de migración de todos los sistemas. Durante el año 2003 el gasto en licencias de software en la UDL ascendió a 107.185 euros21. Entre los numerosos objetivos de la migración destacada reducir este gasto. El proceso está previsto que finalicé en el año 2007 y se ha dividido en varias fases que se están llevando a término simultáneamente:

Migración de la infraestructura. Contempla la migración de todos los equipos que forman la infraestructura de la universidad (servidores de correo, nombres, web, etc.). Todos los nuevos proyectos que se abordan tienen que ser, si es técnicamente viable, desplegados e implementados empleando exclusivamente software libre. El nivel de implantación del software libre en esta área a finales de 2004 era ya muy alto, próximo al 95% de los sistemas existentes en toda la universidad.

Migración del BackOffice. El BackOffice, o lo que podemos llamar software de gestión, presenta unas dificultades particulares que lo convierten en una de las fases técnicamente más difíciles de la migración, pero a su vez es el área donde los beneficios derivados del uso software libre son más importantes. En la UDL el BackOffice es bastante extenso e incluye programas de gestión académica, gestión de investigación, recursos humanos, contabilidad, y unas cuantas aplicaciones desarrolladas a medida.

Los proyectos que se han iniciado en los últimos años se han llevado acabo exclusivamente empleando software libre, incluyendo el proyecto estratégico más importante de la universidad: el campus virtual. Sólo en aquellos casos en que el proyecto depende de software procedente de terceros y en del que no hay alternativa libre se está utilizando software propietario. Debido a los largos ciclos de vida que presenta el BackOffice, donde un programa puede tener una vida de hasta 15 años, el proceso de cambio y migración es largo.

Migración de los escritorios. Se ha iniciado un proceso progresivo de cambio de los sistemas operativos del escritorio y de Microsoft Office por alternativas libres. Dadas las diferencias existentes, tanto a nivel técnico como nivel organizativo, entre los escritorios del personal docente e investigador y el del personal de administración y servicios, se ha optado por migrar los dos colectivos de forma separada (pese a que las iniciativas que puedan ser comunes serán llevadas a término de forma conjunta).

Para el personal docente e investigador se ha establecido un proyecto de migración voluntario. Las acciones concretas para reforzar y apoyar a los que deseen migrar a software libre se basan en establecer un mecanismo de apoyo para encontrar y evaluar las alternativas libres existentes al software científico y de investigación y crear un repositorio con todas estas alternativas.

Para el Personal de Administración y Servicios (PAS) se ha establecido un programa de migración progresiva de los ordenadores de escritorio a Linux/OpenOffice.org. Este programa seguirá dos caminos simultáneos: por una parte los equipos nuevos que se vayan adquiriendo serán instalados con Linux como sistema operativo y con OpenOffice.org como software ofimático y por otra parte se irá instalando progresivamente OpenOffice.org en los equipos antiguos restantes.

Terminales públicos, aulas y bibliotecas. Un gran número de equipos informáticos de la UDL se encuentran en aulas de usuarios y aulas de informática, en bibliotecas, etc. donde son empleados por los estudiantes de la UDL. Se migrarán todos a Linux con OpenOffice.org.

Caso de Extremadura

En el año 1999 la Junta de Extremadura inició el Proyecto Global de Sociedad de la Información, que incluye un paquete de acciones en el área de Sociedad de la Información: la difusión de Internet, el desarrollo de la administración electrónica, la educación en red, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas en prácticas de la nueva economía e incorporación a la Sociedad de la Información y el apoyo e integración de las zonas más desfavorecidas de la región y grupos socialmente desfavorecidos.

Como parte de este proyecto nació LinEx22 con el objetivo de proporcionar una distribución Linux, basada en Debian, personalizada a las necesidades del sector de la educación. LinEx se convirtió en pocos meses en uno de los casos de uso de Linux de más éxito en España. Esta versión personalizada de Linux se ha distribuido a través de los centros de enseñanza secundaria, la Red Tecnológica Educativa y la población en general mediante el Plan de Alfabetización Tecnológica (PAT).

Gracias al despliegue de una solución basada en software libre, la Junta de Extremadura calcula que ha conseguido un ahorro directo de 48.000 euros por cada unidad docente, que está compuesta por 22 ordenadores23. Se trata de un coste nada despreciable, si tenemos en cuenta que el software se ha instalado en más de 60.000 ordenadores en lugar del correspondiente software de propiedad. Por su parte la Junta ha invertido unos 300.000 euros en el desarrollo y mantenimiento del proyecto Linex.

Dentro del proyecto Vivernet24, que tiene como objetivo fomentar empresas en las nuevas tecnologías, en colaboración con diversas empresas extremeñas, se liberó bajo licencia libre el paquete de gestión Gestionlinex y la herramienta de gestión contable Contalinex. Ambas aplicaciones están siendo promovidas entre las empresas extremeñas ante las alternativas de software propietario y ya han sido adoptadas por diferentes empresas de la región.

Caso de Brasil

El Gobierno brasileño anunció en el año 2003 que utilizaría software libre en prácticamente todas las áreas de su Gobierno, por lo que se convertirá en el primer ejecutivo a escala mundial en llevar a cabo un despliegue masivo de este sistema en la Administración Pública.

En Brasil, la industria informática mueve más de 3.000 millones de dólares al año, de los que aproximadamente 1.000 van a parar a Estados Unidos en concepto de licencias de software25. El Gobierno de Ignacio Lula da Silva apuesta por la creación de un tejido local de empresas que ofrezcan soluciones y servicios en software libre, para fomentar, así, el desarrollo local y desvincular la inversión pública de las grandes multinacionales.

En diciembre de 2002, el estado de Rio Grande do Sul fue el primero de Brasil en aprobar una ley a favor del uso del software libre en la Administración Pública. Ya hace tiempo que los más de tres millones y medio de clientes del banco estatal de Rio Grande do Sul se encuentran el pingüino (la mascota del sistema operativo Linux) cada vez que realizan una operación con los cajeros automáticos, y es que en este estado las empresas públicas y universidades empiezan a funcionar exclusivamente con software libre.

Brasil tiene un 22%26 de la población que vive en la pobreza. Además tiene una gran extensión geográfica, lo que dificulta la comunicación entre diferentes lugares y crea comunidades que pueden quedar potencialmente aisladas. Estos factores combinados motivaron al gobierno a iniciar en paralelo diversos proyectos de inclusión digital en diferentes zonas basados en el establecimiento de telecentros. El objetivo de los mismos es reducir la exclusión digital, aumentar la capacidad profesional, difundir software libre y aumentar la participación popular en las nuevas tecnologías. El software libre ha jugado un papel fundamental en la creación de estos centros y está permitiendo que los nuevos incluidos digitales puedan hacerlo con software legal. Los responsables de los centros crearon una distribución Linux llamada Sacix27, basada en Debian que incluye de forma integrada todos los programas libres que se necesitan en estos centros y que además distribuyen en la población.

Un parte importante de la responsabilidad del avance de este movimiento en Brasil recae en la iniciativa "Software livre"28, que impulsa de un tiempo a esta parte el uso del software libre en la Administración pública y ha venido organizando el Foro Internacional de Software Libre, que en el año 2004 celebró su quinta edición. El proyecto, de carácter no gubernamental, trabaja juntamente con la alcaldía de Porto Alegre, el Gobierno federal y otras secciones de la Administración pública de Brasil para la expansión del software libre en las diferentes áreas del Gobierno.